viernes, 20 de junio de 2014

# LosRicosNosRoban (1): sobre la fiscalidad

Según un informe publicado por el FMI recientemente, España es el país donde más ha aumentado la desigualdad durante la crisis. Un ejemplo: los beneficios de las empresas del Ibex 35 aumentaron en 2013 un 21% (7.000M de euros) mientras el conjunto de la economía se contraía un 1,2%. Pero es que, además, es el estado que menos ha sabido paliar este aumento de la desigualdad. España, a pesar de ser un país con la presión fiscal elevada, es el que peor distribuye su riqueza.


El aumento de la desigualdad tiene dos caras. Por un lado, está la desigualdad de mercado: aquella que existe entre los salarios, los beneficios y las rentas obtenidas por trabajadores, inversores y propietarios en el mercado. La desigualdad de mercado española es de las más elevadas: la ratio de ingresos entre ricos y pobres es de 13 a 1, frente a una media de la OCDE de 9,4 a 1. El aumento de esta desigualdad se debe a la crisis, agravada por la austeridad, y a las reformas estructurales (como la reforma laboral) que merman el poder de negociación de la clase trabajadora para repartirse los excedentes con el capital. Pero la desigualdad real no es sólo la desigualdad de mercado, porque el sector público debería paliar las diferencias en los ingresos de mercado: vía impuestos, reclamando más a quien más tiene, y vía transferencias, redistribuyendo los recursos hacia quien menos tiene. Nada más lejos de la realidad. La razón es un sistema fiscal y de transferencias que beneficia a las rentas más altas y supone en última instancia una redistribución entre pobres.





En primer lugar, en el actual sistema tributario la carga fiscal recae sobre el trabajo y no sobre el capital, y está lleno de agujeros en formas de exenciones, bonificaciones y favores fiscales a la banca y a los holdings empresariales, que generan mil y una oportunidades de fraude. Un ejemplo son las famosas SICAVs, Sociedades de Inversión de Capital Variable, que son en teoría instrumentos de inversión financiera y en la práctica las utilizan las grandes fortunas para tributar al 1% en vez del 30% que les exigiría el Impuesto de Sociedades o el 21% del Impuesto de Patrimonio. Una fórmula hecha a medida para que los ricos no paguen impuestos, libre del control de Hacienda gracias a una enmienda de CiU en el Congreso, apoyada por el PP y el PSOE.

En segundo lugar, el sistema tributario español se caracteriza por un alto nivel de fraude. CCOO calcula que de cada 10 euros que se recaudan de menos desde 2007, 3 se deben a la pérdida de actividad económica derivada de la crisis y los otros 7 al fraude fiscal. La organización Tax Justice Network situaba en España en 10ª posición mundial a nivel de fraude fiscal, con la economía sumergida calculada en un 23% del PIB. El 72% de la evasión fiscal corresponde a las grandes empresas y patrimonios, muy por encima de PYMEs y autónomos, y por supuesto, mucho más que los particulares. En cambio, la inspección de hacienda denuncia que el 80% de los recursos se dedican a luchar contra el pequeño fraude, sobre todo de autónomos y trabajadores, reforzando la falsa creencia, repetida hasta la saciedad por la derecha, de que "todo el mundo defrauda", que es una "cuestión cultural". Falso. Los ricos defraudan y el resto pagamos la fiesta.

El resultado de esta política fiscal es una recaudación insuficiente para financiar un buen sistema de bienestar, agravando la desigualdad. Según un informe de la OCDE, la redistribución de la riqueza no ha ido dirigida a aquellos que peor lo han pasado con la crisis (como por ejemplo, la infancia: en España la pobreza infantil es del 21% mientras la media europea es del 13%). Es más, del fraude fiscal que se deja de cobrar se resiente directamente el sistema de bienestar: según afirma El País, con los 81.000 millones de euros que se defraudan al año, se podría doblar el presupuesto en sanidad (3.852 millones de euros), paro (26.993M €), educación (1.944M €), cultura (721M €), pagar los intereses de la deuda (38.589M €) y aún sobrarían unos 10.000 millones.

La recaudación de las rentas más altas es baja y el peso de la financiación del sistema de bienestar recae en exceso sobre quien menos tiene. Esto merma la capacidad de gasto, reduciendo la calidad de los servicios públicos, y es un caldo de cultivo para el populismo que aboga por bajar impuestos "a las clases medias", al que se sumó alegremente el gobierno del PSOE con el famoso lema de Zapatero "bajar impuestos es de izquierdas". Es normal que si la gente paga muchos impuestos y a cambio recibe un sistema de sanidad o de educación precarios piense que estaría mejor manteniendo ese dinero y cubriendo esas necesidades en el sector privado. Pero no es cierto; la derecha lo sabe y juega con la devaluación de los servicios públicos para favorecer su privatización.

Ante esto, es necesaria una reforma fiscal que aumente la progresividad, la eficiencia y la recaudación del sistema, para poder financiar unos buenos servicios públicos, y paliar la desigualdad y los efectos de la crisis. Pero sobre todo es fundamental una lucha decidida contra el fraude fiscal, y esto significa desarrollar un control mucho más intenso de las relaciones público-privadas. Para garantizar la progresividad de los impuestos hay que acabar con los "fraudes legales" que cuestan miles de millones a las arcas públicas, como SICAV, pero también con las puertas giratorias, con la opacidad en la financiación de los partidos, con los lobbies o con el llamado rent-seeking, que trasladan el poder económico directamente a la esfera política. Más allá, hay que apostar por una política europea de control financiero mucho más seria y una reformulación general del sistema financiero y monetario que sea funcional al bienestar de la gente y garantice su sostenibilidad.



* Este texto es la primera parte de un artículo más largo escrito a raíz de la reforma fiscal del gobierno. Próximamente publicaré la segunda parte.